En un trabajo publicado hace unos años (Tardieu, 2004) intenté mostrar cómo la abolición de la esclavitud de los negros, decretada en Huancayo por el general Ramón Castilla el 3 de diciembre de 18 54, se inscribió en el conflicto ideológico q ue oponía los dos sectores más destacados de la sociedad peruana de la época: los conservadores, herederos de una visión aristotélica de las relaciones socioeconó micas, y los liberales, nutridos de humanismo ilustrado y de nuevos esquemas de producción. A decir verdad, si los grandes propietarios, conscientes de lo ineluctable de la evolución, supieron manejarse muy hábilmente, valiéndose del maná de la indemnización y del paliativo de otra trata disfrazada, la de los chinos (Stewarr, 1976; Rodríguez Pastor, 2000) los pequeños dueños vieron con profunda angustia desmoronarse un mundo que, en los siglos pasados, les permitiera mantenerse con la decencia debida a su rango. Por eso, haciendo caso omiso de cualquier consideración de índole ética y negándose incluso a admitir otras modalidades laborales por imposibilidad material, se ensañaron contra una medida que, según andaban proclamando, les condenaba al pauperismo. Acabada la batalla, seguían acechando cualquier suceso que consolidase sus certidumbres. Interesa pues rastrear sus reacciones en los años posteriores a la manumisión.